Por: Gustavo Arenas, Diputado Provincial PJ-FPV, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública

Como se sabe, el desarrollo de Mendoza no hubiera sido posible sin estar ligado al aprovechamiento del agua. Para mantener el cometido de seguir progresando, con el paso del tiempo se fueron diseñando y adecuando diversas estrategias que devinieron en políticas para posibilitar el crecimiento de la población. En este afán, el desarrollo sostenido no fue acompañado con acciones verdaderamente sustentables como para preservar correctamente los recursos naturales.

En el caso del agua potable que consumimos, la cual depende con restricciones del deshielo de la nieve que precipita cada vez más escasamente en la cordillera, entramos en un estado de colapso general en cuanto a su suministro. De esta manera, la crisis del nuevo siglo permitió manejos discrecionales en la operación por parte del sector privado al no contarse con los controles estatales que corresponden a un servicio público de primera magnitud y se llegó a la caída de un paradigma muy caro a los mendocinos: la “cultura del agua” dejó de ser una conducta arraigada tendiente a conservar razonablemente el recurso para ser distribuido con racionalidad a toda la población mendocina.

Este caótico estado de cosas profundizó la inequidad e instaló un marcado desequilibrio en el suministro entre los usuarios del área urbana y los de las zonas periurbanas y rurales, los cuales pasaban a estar en un obsoleto estado de “emergencia operacional”. Para entonces, bajo el amparo de un excesivo proteccionismo neoliberal, los operadores privados dejaron de democratizar un derecho básico del ser humano en pos de alcanzar una renta desmedida y, una vez más, esa inconducta la pagaban los habitantes de las regiones más vulnerables.

Así llegamos a este presente en el cual vemos cómo se desploma un modelo supuestamente eficaz, supeditado al peso de no estar basado en una matriz que abarque a la totalidad de los mendocinos sin distinción de clases ni de situación geográfica. En la actualidad, los mendocinos tenemos la oportunidad de adaptar un nuevo modelo y reimpulsarlo a conciencia con el objetivo de hacerles llegar eficazmente el agua a todos los sectores sin ningún tipo de discriminación. Esta empresa demanda la elaboración de una política de Estado que contemple sin objeciones el aspecto humano de la problemática.

Implica que también abarque los aspectos sociales, sanitarios y de prevención de la salud de los habitantes de las zonas periurbanas y rurales, las cuales son atendidas por pequeñas entidades locales que han sido declaradas en emergencia. Ese estado de precariedad retrasa aún más la llegada de mejoras necesarias en infraestructura y posterga el aspecto humanitario, ese que no es contemplado en los números y los datos puramente técnicos.

Al respecto, si bien avalamos y consideramos positiva la medida del Gobierno provincial de recuperar el servicio de la antigua Obras Sanitarias Mendoza a través de la nueva Agua y Saneamiento Mendoza SA (Aysam), con el apoyo de las fuerzas políticas, creemos que es necesario apuntalarla con otras acciones sumamente necesarias para fortalecerla y sustentarla en el tiempo. Por eso proponemos diseñar una política de Estado que considere la implementación de medidas de inclusión social con respecto a los beneficios del agua.

Esto demanda estudiar la problemática desde ese punto de vista y no sólo desde la variable económico- financiera. Implica también que se hagan estudios de gran alcance en las zonas declaradas en emergencia con respecto al suministro del agua, para conocer con certeza la situación de esos usuarios y los perjuicios que les conlleva estar marginados de un sistema que con el tiempo se fue deteriorando sistemáticamente. De esta manera, los fondos que se reclaman desde la Legislatura para concretar obras dirigidas a mejorar la infraestructura y la operatividad del servicio también deben volcarse a la elaboración de diagnósticos y de políticas sociales, sanitarias y de prevención de la salud relacionadas con la distribución del agua.

Esto permitirá visualizar en forma fehaciente a los destinatarios de esas políticas para lograr una solución ampliamente abarcadora y eficaz. Atendiendo al carácter multidimensional del problema (político, ético, económico, técnico y social, entre otros factores), creemos que para alcanzar una solución satisfactoria y permanente hay que crear un área gubernamental específicamente abocada a aplicar esas medidas y mantener su seguimiento. Ese mecanismo estatal permitirá priorizar la salud de una población sin acceso básico al agua.

Esa es una de las opciones para eliminar definitivamente las asimetrías producidas en las últimas décadas, cuando desde la creación de Obras Sanitarias Mendoza se priorizaron las áreas urbanas sobre sus alrededores y las zonas rurales, entre estas, Colonia Segovia, La Consulta, Plumerillo Sur, Paso de las Carretas, Kilómetro 14, El Algarrobal, Jaime Prats, La Guevarina, El Tropezón y Puente Blanco. Por otro lado, sería imperante abandonar la aplicación del concepto de “cliente” o “usuario” para cambiarlo por el de “ciudadano”, cuyos derechos no están basados sólo en la determinación de la eficiencia o la eficacia, sino en la valorización de la justicia, la representatividad, la participación y la igualdad de oportunidades.

Mendoza está en el umbral de alcanzar un amplio acuerdo político para mejorar el servicio de agua potable y saneamiento en todo su territorio, lo que incluye la garantía de contar con los recursos económicos necesarios para cristalizarlo. Evitando caer en dilaciones y especulaciones de cualquier tipo, este paso histórico nos marcará la senda por la que transitaremos en los próximos años para llegar a ser una sociedad más inclusiva en la cual todos tengan sus derechos asegurados.