Foto Coco Yánez

En vista de resolver de la mejor manera y en forma urgente la crisis originada por las intempestivas suspensiones de los convenios de prestación realizadas por delegación local del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) con tres prestadores sanitarios, el senador provincial Gustavo Arenas (FPV-PJ) presentó un proyecto de resolución destinado que sean citados a la Legislatura los representantes de hospitales, clínicas y demás centros asistenciales de Mendoza que tengan acuerdos con esa obra social, para trazar un diagnóstico completo de la preocupante situación y establecer una solución.

La reunión solicitada también contaría con las presencias de autoridades de las agrupaciones que nuclean a todos los trabajadores retirados de la provincia: la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, y las federaciones de Centros de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad de la Zona Este, de Jubilados Mendocinos (Fejumén), Provincial de Jubilados y Pensionados Nacionales y Provinciales de Mendoza, y de Jubilados del Sur Mendocino.

Esta intermediación legislativa tiene el objetivo de acercar las diferentes posiciones involucradas y aclarar todos los aspectos relacionados con el inconveniente planteado, que ha dejado sin atención médica a más de 25.000 jubilados que se recién se enteraron cuando acudieron a hacerse revisar que ya no contaban con la atención médica ni los controles de sus tratamientos, como tampoco con la posibilidad de que les practicaran las esperadas cirugías ya programas.

A pesar de que este cuadro anómalo repercute negativamente desde los primeros días de junio en la salud y el ánimo de los miles de jubilados perjudicados, que padecen así la angustia generada por la incertidumbre y el riesgo concreto de empeorar su estado, el Gobierno provincial no ha planteado una solución al respecto.

E incluso se ha escudado observando que el PAMI es un organismo nacional en cuya jurisdicción no puede intervenir, además de que hoy rige una orden judicial de no innovar –en la cual el Poder Ejecutivo no tuvo injerencia– que retrotrajo la situación hasta antes de las anulaciones de los convenios, por la cual los prestadores deben atender forzosamente a los afiliados, algo que en la práctica no están cumpliendo según las diversas denuncias recibidas diariamente por el legislador justicialista.

“Este desalentador panorama de desprotección y vulnerabilidad que padecen los jubilados debido a las desproporcionadas medidas de ajuste que aplica la Nación –denunció el senador Gustavo Arenas al respecto– se ve potenciado por la inacción del Gobierno provincial. El Ministerio de Salud debería intervenir para defender los derechos de los ciudadanos perjudicados, que son ciudadanos mendocinos que de la noche a la mañana se quedaron sin la cobertura que les corresponde por derechos, y considerando además que al delegado local del PAMI, Carlos Valcarcel, lo nombró el propio gobernador Alfredo Cornejo.

En este sentido, el legislador justicialista graficó esta realidad recordando que cuando propuso por primera vez citar a la Legislatura a Valcarcel, a la ministra Claudia Najul y a las autoridades de los prestadores involucrados –el hospital Santa Isabel de Hungría, la Sociedad Española de Socorros Mutuos y el Hospital de Ojos Caimari– para que aclararan un poco la situación, los senadores del bloque Cambia Mendoza se opusieron con un argumento totalmente inconsistente.

“Como las cosas empeoraron de una semana a la otra, entre una sesión y la otra, y además hubo una gran repercusión nacional –siguió señalando el autor de la iniciativa–, el oficialismo finalmente no pudo negarse a la convocatoria. Eso sí, con el detalle de que mediante su mayoría parlamentaria solamente autorizó a llamar al titular del PAMI y no a los demás involucrados, cuando la idea era sentarlos a todos a la misma mesa para definir soluciones”.

Así las cosas, cuando se concretó la visita de Valcarcel, el senador Gustavo Arenas pudo reafirmar sus observaciones y eso le permitió advertir que “la crisis del PAMI es consecuencia de un ajuste frente al cual el Gobierno no plantea soluciones, lo que puede desembocar en un conflicto social a fin de mes, cuando el plazo judicial de no innovar llegue a su término”.

Mendoza, viernes 23 de junio 2017