Por Gustavo Arenas*

No caben dudas de que el tránsito de personas y vehículos, tanto de pasajeros como de carga, es un elemento esencial en el desarrollo social y económico de toda comunidad.

Así como el tránsito es un factor de desarrollo de la sociedad, también trae aparejado aspectos negativos como elcongestionamiento, la contaminación ambiental y un significativo “consumo de seguridad”, en tanto la circulación vial es un hecho generador de riesgos para la ciudadanía.

A su vez, la seguridad de las personas, amenazada como consecuencia de la circulación de automotores, es un tema inherente a las políticas públicas tanto en el orden nacional como provincial y municipal.

En el 2007,la Provincia de Mendoza firmó el Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, celebrado entre el Estado nacional y las provincias, donde se abordaron las acciones destinadas a paliar las graves consecuencias resultantes de la siniestralidad vial en la Argentina, señalándose que las estadísticas indicaban que alrededor de seis mil personas morían anualmente como consecuencia de siniestros de tránsito, infortunios que además de ser luctuosos implican enormes costos económicos para el Estado (1-2% del PBI).

En el convenio existió coincidencia generalizada acerca de la necesidad de proveer las medidas concretas que establezcan mecanismos que garanticen la aplicación de criterios unívocos respecto de los distintos aspectos de la problemática: licencias de conducir únicas y por puntaje en todo el país, Registro Único con intercambio electrónico de los datos, pautas concretas y homogéneas para los casos de conducción de vehículos en condiciones de intoxicación alcohólica, unificación de criterios y acciones respecto de los requisitos de circulación vehicular, garantía de un control eficiente de la observancia de los límites de velocidad y conveniencia de que las funciones de prevención y control del tránsito en el Sistema Vial Nacional sean asignadas a un solo organismo responsable, evitando así criterios operativos dispares.

Alineado con esta política nacional de seguridad vial, el Congreso dela Nación dictó en el 2008la Ley N°26.363 de Tránsito y Seguridad Vial, que creó la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, el Registro Nacional de Licencias de Conducir y el Observatorio de Seguridad Vial, transfirió el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito al ámbito de la Agencia Nacional de Seguridad Vial e introdujo modificaciones ala Ley N° 24.449 de Tránsito.

Nuestra Provincia, mediante ley N° 8.053/09, adhirió a la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial pero no a la ley N° 26.363.

Desde nuestro punto de vista entendemos que sería altamente beneficioso para Mendoza adherir a la ley Nº 26.363, como ya lo han hecho Río Negro, Neuquén, Misiones, La Pampa, La Rioja, Jujuy, Formosa, Corrientes, Chaco, Chubut, Catamarca, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, situación que permitiría unificar la normativa de tránsito local con la del resto del país.

Esta adhesión depararía beneficios concretos, como la posibilidad de instalar en Mendoza sedes del Observatorio de Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, obtener en nuestro territorio la licencia de conducir unificada y por puntos, acceder a nuevos recursos de infraestructura y operativos extras, movilidades terrestres y aéreas (helicópteros) para hacer los controles en las rutas nacionales 7 y 40, y consecuentemente reducir la tasa de siniestralidad como ya se ha hecho en el territorio nacional.

Desde ya hay que destacar que la adhesión no implica una pérdida de autonomía, en tanto puede hacerse con reservas, contemplando las particularidades propias que tiene la temática vial en Mendoza.

La política vial a nivel nacional ha evidenciado resultados concretos: el Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV) informó en julio pasado que la disminución de hechos graves provocados por inseguridad vial fue del 18% en todo el país, mientras que el índice de mortalidad por esa causa bajó el 16,7% y la morbilidad (lesiones graves) se redujo el 7,3%.

Simultáneamente, diferentes sectores de la sociedad plantean acciones como posibles soluciones. En este sentido, desde que asumí mi banca en la Cámara de Diputados el año pasado he presentado varios proyectos vinculados al tema.

Partiendo de la base de que la educación es uno de los ejes esenciales para la seguridad vial, se presentó un proyecto de ley (expediente N° 57.218, con media sanción el 5/1/2011 y actualmente en tratamiento en Senadores) para crear el Programa de Prevención Vial para Escuelas. Su objetivo es contribuir a la disminución de riesgos de accidentes viales en las zonas donde hay edificios escolares, mediante la planificación y ordenamiento de los espacios externos en función de la seguridad vial, fundamentalmente mediante la refuncionalización de la señalización existente (recuperación de 300 semáforos escolares en desuso) y la educación de todos los protagonistas de la comunidad educativa.

Asimismo se propusieron medidas vinculadas al transporte de pasajeros, como la implementación del “sistema de preembarque de equipajes y pasajeros” en la Estación Terminal de Ómnibus y un “plan de contingencias” para casos de emergencias (expediente N° 56.388, proyecto de ley con media sanción de Diputados del 29/9/10).

Se planteó la necesidad de que el Poder Ejecutivo convocara al Comité de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial para solucionar la problemática de la congestión de vehículos en el Gran Mendoza (resolución N° 456 del 7/7/10).

También se organizó, en agosto del 2010, la Jornada de Aportes para una Política de Estado en Materia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial (resolución N° 629 del 11/8/10) en procura de comenzar a delinear una política de Estado que permita solucionar en forma definitiva y con una visión estratégica la problemática vial, asegurando la participación de todos los actores involucrados: Estado, usuarios, empresarios, trabajadores, especialistas y ONG. Se obtuvieron valiosas conclusiones y propuestas, coincidiéndose en que los caminos para mejorar la seguridad vial implican una planificación estratégica, con una coordinación unificada, especializada y multidisciplinaria; la efectiva aplicación de las regulaciones, el mejoramiento de la infraestructura vial y fundamentalmente la educación.

Ahora bien, todas las ideas y proyectos que se presentan son acciones importantes pero sin sentido si el Estado no fija el marco político institucional.

Desde hace años, la realidad muestra que en nuestra provincia no existe una política de Estado que permita la implementación de medidas de seguridad vial. De hecho, desde dos direcciones (la de Tránsito y la de Vías y Medios de Transporte) intentan dar respuesta a tamaña problemática sin contar con los recursos necesarios. Por eso advertimos la necesidad de instituir y jerarquizar organismos responsables provistos de los recursos necesarios al efecto: en su lugar deben crearse la Secretaría de Transporte y la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que deberán ser organismos altamente especializados. No es posible implementar una política de seguridad vial sin tener un transporte público de calidad que desaliente el uso del auto particular.

Deben recuperarse los ámbitos de articulación entre los diferentes organismos involucrados y los municipios: el Comité de Tránsito y Transporte provincial y los consejos asesores de Tránsito y Transporte municipales.

Mendoza cuenta con técnicos y profesionales especializados en la materia, con organizaciones no gubernamentales, docentes, padres y jóvenes comprometidos en campañas de prevención.

Pero falta “la política”. Podemos lograr amplios consensos para acordar una política de Estado que dé respuesta a la problemática vial. Esta responsabilidad está en manos de su dirigencia.

*Gustavo Arenas: Diputado Provincial PJ-FPV, Lic. en Ciencia Política y Administración Pública.

Antecedentes en esta materia:

-Tesis de Grado: “El Control Social del Transporte Público de Pasajeros en Mendoza”, Fac. de Cs. Políticas y Sociales. Universidad Nacional de Cuyo.

-Coordinador de los Consejos Asesores de Tránsito y Transporte Municipales.

-Coordinador y autor del Programa Inspector Vecinal (Control social del transporte público) entre 1991-1999 Dirección de Vías y Medios de Transporte.

-Delegado Regional de la CNRT (2004-2010).