El delegado local del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI), Carlos Valcarcel, acudió finalmente a la Legislatura, donde hoy se reunió con la Comisión de Salud del Senado para explicar las razones de la crisis que padecen actualmente más de 25.000 jubilados locales debido a la intempestiva suspensión de los contratos de prestaciones de servicios ordenada por esa obra social en relación con el hospital Santa Isabel de Hungría, la Sociedad Española de Socorros Mutuos y el Hospital de Ojos Caimari.

En la citación, aprobada unánimemente a expensas de una propuesta presentada por el senador provincial Gustavo Arenas (FPV-PJ) y realizada desde las 10 en el anexo de la Cámara Alta ubicado en Gutiérrez 51 de Ciudad, también participaron los referentes de las agrupaciones que nuclean a todos los trabajadores retirados de la provincia: la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, y las federaciones de Centros de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad de la Zona Este, de Jubilados Mendocinos (Fejumén), Provincial de Jubilados y Pensionados Nacionales y Provinciales de Mendoza, y de Jubilados del Sur Mendocino.

Al respecto, el legislador justicialista que propuso ese encuentro reafirmó que lo expresado en la ocasión por Valcarcel “confirmó que la medida aplicada por el PAMI es similar a lo que pasó con las pensiones de discapacidad” y que, a pesar de la gravedad que reviste esta crisis generada intempestivamente, el oficialismo no ha planteado ninguna solución para que se restablezcan tanto las atenciones a los jubilados como los seguimientos de sus tratamientos y las cirugías programadas que fueron suspendidas. Con este panorama, y a la luz de lo expresado por las agrupaciones de jubilados, avizoró que se están dando las condiciones como para que de desate un conflicto social.

“La entrega de medicamentos es un derecho”

También se refirió al inconveniente suscitado con los medicamentos, al asegurar: “Las autoridades dieron de baja la cobertura del 100% por una metodología similar a tema de las pensiones y la gente perjudicada ahora tiene que ver si le corresponde reempadronarse. Hay 50.000 mendocinos que no se han reempadronado y el PAMI supone que eso es porque estaban en forma irregular. Nosotros creemos que no es así”.

Graficó en este sentido: “Nos hemos encontrado con muchos jubilados, por ejemplo, del interior de la provincia, de zonas rurales, que no tienen la disponibilidad de hacer los trámites para reempadronarse de nuevo. Por eso creemos que es una medida muy restrictiva que un jubilado, por ser propietario o tener un vehículo a su nombre, pierda la cobertura del 100% de la entrega de medicamentos cuando eso es un derecho”.

“Específicamente –continuó señalando el senador Gustavo Arenas–, acerca de los 25.000 jubilados mendocinos que se quedaron sin cobertura en las clínicas, le preguntamos a Valcarcel cómo iban a resolver eso. Y vimos que, más allá de que ahora nos enteramos de que hay una medida judicial de no innovar, no tienen resuelto el tema. No hay nuevas clínicas. Lo que van a hacer es reasignarlos a las clínicas que ya están. Por ejemplo, la clínica Santa Clara tiene 27.000 jubilados asignados y está previsto asignarle 14.000 más. Así, lejos de resolverse, el tema se va a agravar. Lo mismo pasa con otras clínicas y, por lo tanto, no es una situación que signifique una solución concreta en el corto plazo”.

Aseveró luego: “En particular, yo había propuesto esta reunión con los representantes de las clínicas y la ministra de Salud, Claudia Najul, además del titular del PAMI, porque la intención era convocar a una mesa de trabajo para resolver el tema acá mismo. Pero, como el oficialismo no accedió a que vinieran la ministra y las clínicas, solamente nos quedamos con la palabra del titular del PAMI”.

Frente a esta situación, el legislador justicialista recalcó: “Para una próxima reunión voy a convocar a las clínicas, porque vemos que acá hay una situación de lucro de parte de las clínicas, que son empresas privadas, a pesar de que existe un interés general que es la salud pública y en esto no nos podemos desentender, más allá de que el PAMI sea de jurisdicción nacional”.

“Ajuste muy fuerte que recae en los más vulnerables”

También reclamó acerca otro problema suscitado e indicó: “Otro tema les incumbe a los médicos, que no son empresarios, sino que prestan sus servicios como profesión. Nosotros vemos ahí un gran ajuste en los planteos que está haciendo el PAMI en los convenios, por lo cual aquellas clínicas que no han accedido a los contratos es porque les están ofreciendo mucho menos de lo que recibían antes. Por ejemplo, un médico especialista cobraba 65 pesos y ahora va a cobrar 24 pesos por paciente atendido”.

“La problemática que se está viviendo con el PAMI –reflexionó– es que está haciendo un ajuste muy fuerte. Se trata de medidas nacionales que recaen por el lado de los sectores más vulnerables, tanto el caso de las personas con discapacidad como del lado de los jubilados con las prestaciones de salud”.

A continuación graficó la alarmante problemática al poner el ejemplo concreto que padecen los afiliados de Lavalle, departamento en el cual “todos los jubilados estaban asignados a la Sociedad Española de Socorros Mutuos y, al caerse esta prestación, ahora van al hospital público Domingo Sícoli, donde en muchos casos no los atienden por tener obra social. Mientras, en otros casos es la única alternativa que tienen, como pasa en Malargüe”.

En este sentido, el senador Gustavo Arenas remarcó que la solución incluso debe abordarse desde dos aristas, ya que “acá hay un tema que por un lado le corresponde al sector público, por eso es importante que esté la ministra de Salud, y por el otro les atañe las clínicas privadas”. Esto, reseñó, porque “Valcarcel hizo una denuncia al indicar que la Sociedad Española de Socorros Mutuos no prestaba buenos servicios y que su edificio no estaba en condiciones”.

Y prosiguió argumentando: “Todas las clínicas privadas y los hospitales públicos de Mendoza están bajo la jurisdicción y la fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia; por eso, el viernes pasado presenté un pedido de informe para ver qué auditoría y qué controles está haciendo ese ministerio sobre las clínicas, y en especial a aquellos que son prestadores del PAMI, para ver qué tipo de servicios están dando y si están en condiciones de brindarlos”.

“No vemos soluciones por parte del PAMI”

“Nosotros esperábamos que las propuestas de solución surgieran por parte del PAMI, pero no vemos soluciones –se lamentó el legislador justicialista–. En la actualidad solo existe la medida de la Justicia de no innovar y, si no hay ningún avance o solución, el 30 (fecha de vencimiento de esa medida) se va a generar un conflicto social en Mendoza”.

Acerca de las propuestas hechas por él al titular del PAMI, frente a la inacción del Gobierno provincial después de las perjudiciales medidas adoptadas, detalló: “Le propuse que trabajaran en coordinación con el Ministerio de Salud y la Universidad Nacional de Cuyo, pero esto tiene que ver más con una cuestión de largo plazo, para ver si el ex-Hospital Ferroviario (actual Hospital Universitario) puede ser una alternativa en el futuro para la atención de los jubilados”.

Además le sugirió a Valcarcel que en forma urgente “vaya viendo otras alternativas a las presentadas, porque reasignar jubilados a clínicas que ya están saturadas y que tienen demoras en dar turnos, en concretar internaciones y en practicar cirugías va a generar un conflicto mayor que el que existe ahora”.

Mendoza, lunes 19 de junio 2017