El senador provincial Gustavo Arenas (FPV-PJ) volverá a insistir mañana para que en la sesión ordinaria de la Cámara Baja sea tratado sobre tablas su proyecto de resolución para que citen en ese ámbito al delegado local del PAMI, Carlos Valcarcel; a la ministra de Salud de la Provincia, Claudia Najul, y a los directivos del hospital Santa Isabel de Hungría, la Sociedad Española de Socorros Mutuos y la clínica oftalmológica Caimari, entidades involucradas en la baja de prestaciones de servicios que intempestivamente dejó librados a su suerte a unos 25.000 jubilados mendocinos.

En esta ocasión, el pedido para que la iniciativa no sea ignorada nuevamente por el bloque del frente oficialista Cambia Mendoza –el cual en la sesión pasada logró frenarla al votarla en contra aprovechando su mayoría, a pesar de la urgencia de la crisis– será apoyado con las presencias en el recinto legislativo de diferentes centros de jubilados de la provincia y autoridades de la Confederación General del Trabajo (CGT).

De esta manera, en representación de los miles de jubilados y pensionados perjudicados por la grave medida tomada por la obra social, esas organizaciones reforzarán el pedido de que el Gobierno provincial deje de hacerse el desentendido con el preocupante problema poniendo la excusa de que la solución depende del Poder Ejecutivo Nacional y que asuma la responsabilidad de defender a los ciudadanos mendocinos como corresponde.

Al respecto, el legislador justicialista expresó su gran preocupación por los miles de jubilados perjudicados de la noche a la mañana con la desacertada medida, al recordar: “La crisis originada por la decisión del titular del PAMI, Valcarcel, de dejar caer contratos de prestaciones de servicios sumamente necesarias para nuestros abuelos se ha visto agravada con la muerte de una paciente que no fue atendida como le correspondía, la que ocurrió este mediodía en uno de los centros asistenciales involucrados en este caos”.

Continuó indicando: “Es por eso que la máxima autoridad de la obra social debe dar la cara, así como la ministra de Salud, debido a que los jubilados están haciéndose atender ahora en los hospitales públicos. Lamentablemente vemos que esta gravísima irregularidad, se suma a una larga lista de despropósitos que viene cometiendo desde hace un tiempo la actual gestión de gobierno contra los jubilados, como la eliminación de la entrega gratuita de medicamentos sumamente necesarios y la supresión de programas y demás coberturas”.

Asimismo, ante la falta de intervención del Poder Ejecutivo local al momento de defender a los propios ciudadanos, el senador Gustavo Arenas reafirmó lo que había señalado antes al asegurar que, “aunque se sabe que el inconveniente es de jurisdicción nacional, el gobernador Alfredo Cornejo no puede desentenderse, ya que los jubilados perjudicados son mendocinos y, además, al titular del PAMI en Mendoza lo puso él”.

Así las cosas, con el nuevo de tratamiento de la citación denegada anteriormente, el autor de la propuesta espera que por fin sean aclaradas todas las dudas surgidas y solucionados urgentemente problemas que ya no pueden extenderse más. Su objetivo de convocar a una instancia de mediación legislativa donde sea posible escuchar a todas las partes es elaborar un diagnóstico preciso de la situación y, consecuentemente, brindar una solución acorde a las circunstancias, para que los derechos de los jubilados no sigan siendo vulnerados en un derrotero que a la mayoría les cuesta el deterioro de su salud y a algunos otros incluso hasta la vida.

Mendoza, lunes 12 de junio 2017