Caídas del 11% de las ventas minoristas en junio en Mendoza frente a igual mes del año pasado, y del 4,5% en las comercializaciones de enero a marzo y del 1,2% en la ocupación en las pymes industriales con respecto al último trimestre del 2015, más el cierre de unos 5.000 negocios minoristas y de casi 500 pymes durante el año, la pérdida de más 96.000 puestos de trabajo registrado en lo que va del 2016 (sin contar a los estatales ni el empleo informal) y el descenso del 0,3% del empleo en el Gran Mendoza de mayo a junio, son algunos de los alarmantes datos empresariales que motivaron la presentación, hoy al mediodía, de un proyecto de ley del senador provincial Gustavo Arenas (FPV-PJ) para declarar la “emergencia económica de las micro, las pequeñas y las medianas empresas de la provincia de Mendoza por el plazo de un año”.

Genaro Palau (Apyme), Julio Díaz (Mesa Provincial de Empresas Recuperadas de Mendoza), Roberto Ratti (gerente general nacional de la Apyme), Gustavo Arenas (senador provincial del FPV-PJ), Enrique Tarditi (Apyme), Patricia Galván (diputada provincial del FPV-PJ) y Hugo Lamy (CAPEC) presiden la presentación del proyecto de ley para declarar la emergencia económica de las pymes de Mendoza.

Fue por eso que, en el Salón Rojo de la Legislatura, el acto fue presidido por el legislador justicialista junto a Roberto Ratti, gerente general nacional de la Asamblea de Pequeños y Mediamos Empresarios (Apyme); Enrique Tarditi y Genaro Palau, vicepresidente segundo y vocal –respectivamente– de la Apyme; Julio Díaz, presidente de la Mesa Provincial de Empresas Recuperadas de Mendoza; Hugo Lamy, titular de la Cámara Argentina de Productores de Equipos Completos de GNC y Afines (CAPEC), y Patricia Galván diputada provincial del FPV-PJ.

En la ocasión, para manifestar su respaldo también asistieron Maximiliano Gabrielli, de la Federación Económica de Mendoza (FEM), y representantes del Sindicato Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), la CTA Intersindical, la Multisectorial de gremios, el Movimiento Sindical por la Lealtad, la Cámara de Soderos, el Frigorífico La Lagunita, y las cooperativas de Trabajo Cerámicas Cuyo, Olivícola Tropero, Gráficos Asociados y de Trabajo Oeste Argentino.

El proyecto también ha sido avalado expresamente por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet) yla Cámara de Lavanderías Industriales y Tintorerías de Mendoza, además de los diputados nacionales Alejandro Abraham y Guillermo Carmona.

En general, los dirigentes coincidieron en remarcar que han llegado a la riesgosa situación de crisis como consecuencia –entre las razones más relevantes– del brusco aumento de las tarifas de los servicios públicos, los efectos de la inflación, la presión tributaria, las altas tasas de interés que les imposibilitan acceder a un crédito y la brutal pérdida del poder adquisitivo de la gente, todas medidas promovidas por el Gobierno nacional.

También destacaron que otra de las iniciativas promovidas por el Gobierno nacional que los precipitó a elaborar junto con Gustavo Arenas el proyecto de ley presentado este mediodía –el cual venían analizando desde hacía tiempo– fue la instauración de un nuevo régimen de liberalización de las compras al exterior por internet a través del servicio “puerta a puerta”, lo que acrecienta la crisis del sector.

De hecho, diversas fuentes relacionadas con la actividad han manifestado que los productos adquiridos mediante ese sistema –aun con el recargo tributario con el que ingresarán al país– tendrán un precio final inferior en un 50% a los del mercado local. Y han denunciado que este nuevo perjuicio se suma así a otros daños provocados por las erráticas políticas actuales en materia de comercio exterior, las cuales han desatado una ola de importaciones que afecta seriamente a los múltiples sectores productivos.

Así, se han enfrentado al dilema de dejar de pagar insumos, recortar horas extras y turnos de trabajo o echar empleados que han sido capacitados durante años, lo que provoca asimismo que se fomente la especulación y se pierdan las estimulaciones a la producción.

En defensa de los mendocinos

Con este desalentador panorama de fondo, el senador Gustavo Arenas señaló en la apertura de la presentación que su propuesta busca implementar medidas políticas en defensa de los mendocinos ante la caída de la recaudación y de la producción, algo que seguirá profundizándose con los nuevos aumentos de tarifas anunciados reciente en forma oficial.

En el mismo sentido, señaló que estas acciones se complementan en un todo con su proyecto de ley –ya presentado en la Legislatura– destinado a regular a las grandes superficies comerciales, en defensa de los comercios barriales y minoristas, y las fuentes de trabajo.

El senador provincial Gustavo Arenas (FPV-PJ) detalla los avales que recibió el proyecto de ley de su autoría para declarar la emergencia económica de las pymes de Mendoza.

Respecto de la declaración de emergencia económica para las pymes locales, recalcó que su iniciativa ya tomó estado parlamentario y que la semana próxima pasará a comisiones para ser analizada, instancia en la cual esperan contar con el apoyo del Gobierno provincial.

Por su parte, Rati indicó que la Apyme asistió al Congreso nacional para imponerles su preocupante realidad a diputados y senadores, pero que en el medio de esas conversaciones se sancionó la ley de emergencia ocupacional, con la cual no están de acuerdo porque los perjudica sobremanera.

Después aseveró que las pymes tienen un gran impacto en el mercado laboral argentino porque generan el 85% del trabajo registrado en la actualidad. Y reseñó que su sector incluso cuestionó seriamente muchos artículos de la norma finalmente aprobada ya que, mediante ésta, los fondos terminan dirigidos más a grandes compañías que a pequeñas y medianas empresas.

Apuntó luego a la mala categorización de las pymes como otro de los aspectos perjudiciales, ya que no son todas iguales, y alertó que en julio se perdieron 45.000 empleos formales, para afirmar que se plantear una solución de fondo porque ese ámbito cobija la mayoría de las fuentes de trabajo. “No hay que matar el mercado interno, porque eso destruye la economía”, afirmó, para ejemplificar los efectos negativos del nuevo sistema de compra al extranjero “puerta a puerta” mediante internet.

A su turno, Tarditi manifestó que las pymes están muy ligadas al desarrollo de la provincia y que creen que el Estado debe estar al servicio de los sectores más desprotegidos, por lo que están contra la ley de flexibilización laboral porque perjudica a la mayoría de la gente. Asimismo reclamó que se debe facilitar el acceso de las pymes al financiamiento, ya que son el principal sustento del mercado interno, y que en Mendoza se debe tender a la protección de la producción local.

Seguidamente subrayó que se debe defender el poder adquisitivo de la gente, atender estrategias para la compra local, controlar importaciones y apoyar exportaciones, favorecer la competitividad frente a las grandes cadenas comerciales y establecer un plan industrial a mediano plazo.

Posteriormente, Díaz aseguró que apoyan la ley de emergencia para pymes porque las empresas recuperadas bajaron su producción en un 50 por ciento y que en Mendoza ya hay tres de éstas en riesgo de cierre por el del tarifazo. Y advirtió que si no se avanza en ese mismo sentido volverán a la quiebra. Mientras, Lamy graficó que el millón y medio de usuarios de GNC ha sido perjudicado porque desde marzo esa actividad ha caído en un 70 por ciento, lo que llevará a cerrar empresas.

Contenidos de la ley prevista

Además de permitir que la emergencia sea prorrogada “por igual período de mantenerse las causas que le dieron origen”, la iniciativa local faculta “al Poder Ejecutivo provincial a asignar partidas presupuestarias especiales para afrontar la emergencia”, y resalta que el fin de éstas será “lograr la sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la provincia de Mendoza, afectadas por la crisis económica”, y “preservar el empleo de sus trabajadores”.

También establece que pueden acceder a esos beneficios las firmas locales de ese tipo “que se encuadren dentro de la clasificación establecida en la resolución Nº11/2016 dictada por la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, del Ministerio de Producción de la Nación, que hayan mantenido la fuente laboral de todos sus empleados desde el 1 de enero de 2016”.

Entre las ventajas impositivas de las que gozarían esas organizaciones se destacan la exención total del Impuesto de Sellos, y las reducciones al 50% de los gravámenes sobre Ingresos Brutos, Automotor (sobre los vehículos usados para desarrollar sus actividades) e Inmobiliario (sobre los inmuebles en los que desplieguen sus acciones). Estas disminuciones, según manda la norma prevista, “se calcularán sobre el monto que la beneficiaria debería efectivamente tributar, considerando cualquier otro beneficio del que fuera titular”. Simultáneamente, esas instituciones podrán recibir “el subsidio energético por parte del Estado provincial del 30% del total de energía eléctrica y suministro de gas utilizado en sus actividades productivas”.

Asimismo, la norma ordena que durante su período de vigencia se suspendan “la iniciación y la prosecución de juicios ejecutivos entablados por la Administración Tributaria Mendoza en contra de las micro, pequeñas y medianas empresas incluidas” en ella y que en el mismo lapso “no se contabilizarán los intereses que pudieran devengarse”.

A su vez faculta “al Poder Ejecutivo provincial a establecer líneas de crédito especiales a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas” involucradas, y determina que éstas, para acceder a los beneficios establecidos, “deberán abstenerse de efectuar despidos o suspensiones de sus trabajadores sin justa causa, y reducción de la jornada laboral de los mismos durante todo el período de vigencia de la ley”.

Finalmente, la futura norma invita a los municipios a adherirse a ella.

Fundamentos de la propuesta

Entre los alarmantes diagnósticos negativos que impulsaron al senador Gustavo Arenas a presentar la norma de emergencia económica para las pymes se encuentra un reciente documento de la FEM que revela que las ventas minoristas medidas en cantidades cayeron en junio en Mendoza el 11%, en promedio, frente a igual mes del año pasado. Y que esta baja supera la media nacional, que fue del 9,8% según lo publicado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), lo que significó la sexta caída mensual consecutiva de ese rubro en nuestra provincia.

También se basa en el informe trimestral de la Fundación Observatorio Pyme (FOP), que evidencia el mismo diagnóstico al reflejar que –de enero a marzo– las pymes industriales registraron una baja en las cantidades vendidas del 4,5% y un descenso del 1,2% en la ocupación, en comparación con el último trimestre del 2015. Y que, en términos interanuales (primer trimestre contra primer trimestre), esos perfiles mostraron una caída del 1,6% y una moderada baja del empleo. Incluso aclara que una situación grave se dio con la depresión en empresas de hasta 50 ocupados, que fue del 5,4%.

A nivel local, los dirigentes nucleados en la Apyme señalan que lo más desesperante son el aumento de las tarifas de electricidad y gas, la presión tributaria y las altas tasas de interés, que les hacen imposible acceder a un crédito. Todo esto configura una crisis por la cual ellos deben dejar de pagar insumos que no se cortan, para no echar empleados que además fueron capacitados durante años. Simultáneamente, como precisan las autoridades de esos ámbitos, se pierden las estimulaciones a la producción y se fomenta la especulación.

En la actualidad, como la grave situación en Mendoza es aún peor que la media nacional, los dirigentes empresariales exhortan a tomar inmediatamente medidas concretas que ayuden a superarla. Aquí, como en todo el país, han incidido la megadevaluación, la supresión de las estratégicas retenciones al agro y la minería, la apertura de importaciones, la desregulación financiera, la desarticulación de programas claves para el desarrollo, la ola de despidos en los sectores público y privado, la eliminación de subsidios y el golpe tarifario en todos los servicios.

En la misma sintonía, la Federación de Cámaras y Comercios de la República Argentina (Fedecámaras) advierte que unos 5.000 negocios minoristas bajaron sus persianas este año como consecuencia del brusco aumento de tarifas y los efectos de la inflación. A esta cifra deben agregarse unas 500 pymes. Y denuncia que las ventas cayeron en mayo otro 10% en comparación con el 2015, porque la gente no tiene plata en el bolsillo y sólo consume lo que necesita para subsistir.

Desde el punto de vista del empleo, la Encuesta de Indicadores Laborales (Informe Mensual de Junio de 2016), del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, arroja una pérdida de 96.534 puestos de trabajo registrado en lo que va del 2016 (sin contar a los estatales ni el empleo informal). Mientras, en el Gran Mendoza, la caída del empleo de mayo a junio fue del 0,3% y la tasa interanual, también del 0,3%, sólo superada por el Gran Paraná (6,2%) y el Gran Buenos Aires (0,6%).

Mendoza, martes 2 agosto de 2016