Foto Coco Yánez

En vista de resolver de la mejor manera y en forma urgente la crisis originada por las intempestivas suspensiones de los convenios de prestación realizadas por delegación local del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) con tres prestadores sanitarios, el senador provincial Gustavo Arenas (FPV-PJ) presentó un proyecto de resolución destinado que sean citados a la Legislatura los representantes de hospitales, clínicas y demás centros asistenciales de Mendoza que tengan acuerdos con esa obra social, para trazar un diagnóstico completo de la preocupante situación y establecer una solución.

La reunión solicitada también contaría con las presencias de autoridades de las agrupaciones que nuclean a todos los trabajadores retirados de la provincia: la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, y las federaciones de Centros de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad de la Zona Este, de Jubilados Mendocinos (Fejumén), Provincial de Jubilados y Pensionados Nacionales y Provinciales de Mendoza, y de Jubilados del Sur Mendocino.

Esta intermediación legislativa tiene el objetivo de acercar las diferentes posiciones involucradas y aclarar todos los aspectos relacionados con el inconveniente planteado, que ha dejado sin atención médica a más de 25.000 jubilados que se recién se enteraron cuando acudieron a hacerse revisar que ya no contaban con la atención médica ni los controles de sus tratamientos, como tampoco con la posibilidad de que les practicaran las esperadas cirugías ya programas.

A pesar de que este cuadro anómalo repercute negativamente desde los primeros días de junio en la salud y el ánimo de los miles de jubilados perjudicados, que padecen así la angustia generada por la incertidumbre y el riesgo concreto de empeorar su estado, el Gobierno provincial no ha planteado una solución al respecto.

E incluso se ha escudado observando que el PAMI es un organismo nacional en cuya jurisdicción no puede intervenir, además de que hoy rige una orden judicial de no innovar –en la cual el Poder Ejecutivo no tuvo injerencia– que retrotrajo la situación hasta antes de las anulaciones de los convenios, por la cual los prestadores deben atender forzosamente a los afiliados, algo que en la práctica no están cumpliendo según las diversas denuncias recibidas diariamente por el legislador justicialista.

“Este desalentador panorama de desprotección y vulnerabilidad que padecen los jubilados debido a las desproporcionadas medidas de ajuste que aplica la Nación –denunció el senador Gustavo Arenas al respecto– se ve potenciado por la inacción del Gobierno provincial. El Ministerio de Salud debería intervenir para defender los derechos de los ciudadanos perjudicados, que son ciudadanos mendocinos que de la noche a la mañana se quedaron sin la cobertura que les corresponde por derechos, y considerando además que al delegado local del PAMI, Carlos Valcarcel, lo nombró el propio gobernador Alfredo Cornejo.

En este sentido, el legislador justicialista graficó esta realidad recordando que cuando propuso por primera vez citar a la Legislatura a Valcarcel, a la ministra Claudia Najul y a las autoridades de los prestadores involucrados –el hospital Santa Isabel de Hungría, la Sociedad Española de Socorros Mutuos y el Hospital de Ojos Caimari– para que aclararan un poco la situación, los senadores del bloque Cambia Mendoza se opusieron con un argumento totalmente inconsistente.

“Como las cosas empeoraron de una semana a la otra, entre una sesión y la otra, y además hubo una gran repercusión nacional –siguió señalando el autor de la iniciativa–, el oficialismo finalmente no pudo negarse a la convocatoria. Eso sí, con el detalle de que mediante su mayoría parlamentaria solamente autorizó a llamar al titular del PAMI y no a los demás involucrados, cuando la idea era sentarlos a todos a la misma mesa para definir soluciones”.

Así las cosas, cuando se concretó la visita de Valcarcel, el senador Gustavo Arenas pudo reafirmar sus observaciones y eso le permitió advertir que “la crisis del PAMI es consecuencia de un ajuste frente al cual el Gobierno no plantea soluciones, lo que puede desembocar en un conflicto social a fin de mes, cuando el plazo judicial de no innovar llegue a su término”.

Mendoza, viernes 23 de junio 2017

El serio incidente vial ocurrido ayer a la tarde cuando un tren atropelló a dos vehículos que intentaban traspasar en distintas direcciones de marcha el paso a nivel ubicado en la calle Mathus, de Bermejo, Guaymallén, volvió a desatar la polémica sobre la peligrosidad que implica la falta de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria debido a que pone en peligro las vidas de quienes cruzan las vías férreas sin señalizar como corresponde, un riesgo que se ve potenciado por la creencia generalizada de que en Mendoza no hay actividad ferroviaria.

Así, frente a la alarmante vulnerabilidad de la que son víctimas quienes cruzan las vías del tren, el senador provincial Gustavo Arenas (FPV-PJ) volvió a insistir que sin más dilaciones se ponga en marcha una norma vigente creada por él cuando era diputado y que ni el gobierno anterior ni el actual instrumentaron con la urgencia que debía hacerse, incluso a pesar de que fue sancionada el 20 de noviembre de 2012 y promulgada el 7 de enero del 2013, cuando fue publica en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se trata ni más ni menos que de la ley Nº8.498 de creación del Programa de Seguridad Ferroviaria y Tranviaria, cuyo proyecto fue presentado por el legislador justicialista en marzo del 2012, en ocasión de la tragedia de Once, en Buenos Aires; recibió la media sanción de la Cámara de Diputados dos meses después y finalmente fue sancionado definitivamente por el Senado tras estar siete meses en tratamiento en ese ámbito.

Como la norma –con plena vigencia– nunca fue implementada y los accidentes de ese tipo siguen sucediendo como algo casi naturalizado, su autor reclamará hoy mediante otro proyecto que sea puesta en marcha en forma urgente, sin entender esa inexplicable postergación que pone en juego la vida de muchos mendocinos.

Responsabilidades compartidas

De los fundamentos de la norma se desprende que las responsabilidades en las intersecciones entre las calles y las vías del ferrocarril son compartidas según las jurisdicciones involucradas. Así, los concesionarios del servicio ferroviario son los encargados de mantener en las condiciones necesarias tanto las barreras que interrumpen el paso de los vehículos como las señalizaciones visuales (carteles, pinturas en el piso y luces) y sonoras (bocinas de alerta de aproximación).

Por su parte, las calles son jurisdicción de los municipios, mientras que el mantenimiento de las rutas puede corresponder a la Provincia o a la Nación, ya sean estas provinciales o nacionales. En este caso, esas reparticiones deben procurar que las zonas lindantes con los cruces ferroviarios luzcan en óptimas condiciones de visibilidad, para lo cual debe haber luz artificial suficiente durante las horas de oscuridad y no deben existir vegetación, cartelería o cualquier construcción inapropiada que obstruya la visión de quienes se disponen a trasponer las vías.

En este sentido, el senador Gustavo Arenas opinó que es sumamente necesario implementar la ley de una vez por todas, ya que la Provincia y los municipios desconocen cuáles son sus responsabilidades concretas, cuando tiene el rol primordial de coordinar sus acciones para resolver este grave problema.

Por ejemplo, en el caso de la falta de barreras que se da en numerosos pasos a nivel están incumpliendo con las condiciones de seguridad establecidas en las normas para los cruces entre caminos y vías férreas aprobadas en la resolución de la Secretaría de Estado de Transporte y Obras Públicas (SETOP) Nº7/81, por la cual debe analizarse si corresponde o no colocar esos elementos de seguridad.

Por otro lado, el decreto Nº747/88 establece lo que debe pagar cada organismo en cuanto a instalación o construcción y mantenimiento. En el caso de las redes troncales especial y metropolitana, la colocación de barreras está a cargo del ferrocarril, mientras que en las redes troncales primaria interregional y secundaria es el organismo vial responsable (Municipio, Vialidad provincial o Vialidad nacional) el que debe hacerse cargo del costo.

Esa normativa también establece que, hasta que sean instadas las barreras o en forma permanente para aquellos casos en que la normativa vigente no exija su colocación, el organismo vial responsable del camino debe colocar y mantener toda la señalización pasiva vertical y horizontal que les advierta a los conductores de vehículos sobre la proximidad del paso a nivel (punto d del art. 3 del decreto Nº747/88).

A su vez, la señalización pasiva necesaria está definida en el punto 8.7 de las normas de la SETOP Nº7/81, complementada y modificada por el decreto Nº779 del 20 de noviembre de 1995, reglamentario de la Ley Nº24.449 de Tránsito y Seguridad Vial, en su anexo L: Sistema de Señalización Vial Uniforme.

Esta reglamentación ordena las siguientes acciones: mantener desmalezado y libre de obstáculos removibles la zona de visibilidad de los pasos a nivel en toda el área que no corresponda a la propiedad ferroviaria (punto f del art. 3 del decreto Nº747/88) y conservar la calzada en buenas condiciones de transitabilidad de los extremos de durmientes hacia afuera (punto e del art. 3 del decreto Nº747/88).

Simultáneamente, el ferrocarril debe mantener desmalezado y libre de obstáculos removibles la zona de visibilidad de los pasos a nivel dentro de los límites de su concesión (punto f del art. 2 del decreto Nº747/88), hacer sonar el silbato o la bocina de los trenes al aproximarse a dichos pasos (inc. 2 del art.85 del Reglamento General de Ferrocarriles), imponer precauciones de velocidad cuando el riesgo de un cruce así lo justifique (inc.5 del art. 59 del Reglamento General de Ferrocarriles) y conservar la calzada en buenas condiciones de transitabilidad entre extremos de durmientes (punto b del art. 2 del decreto Nº747/88).

No debe perderse de vista el hecho de que la problemática de los pasos a nivel involucra a dos actores fundamentales, el ferrocarril y el organismo vial responsable del cruce, y que ambos deben trabajar de común acuerdo para poder arribar a soluciones efectivas.

Detalles de la norma

En este sentido, la ley en cuestión detalla que sus objetivos son “contribuir a la disminución de riesgos de accidentes ferroviarios y tranviarios” y “procurar que la circulación vehicular y peatonal en las zonas donde la red ferroviaria interactúa con otras vías de circulación sea guiada y regulada a través de una adecuada señalización y semaforización, a fin de que pueda llevarse a cabo en forma segura, fluida, ordenada y cómoda”.

Además prevé “educar y concientizar a la población con relación a la problemática de la seguridad ferroviaria”, “planificar y ordenar los espacios donde interactúan la red ferroviaria con otras vías de circulación, en función de la seguridad vial” y “articular con los medios de comunicación social la inclusión de contenidos sobre seguridad ferroviaria”.

Asimismo, especifica las acciones que se desarrollarán en ese marco, como “el relevamiento y la creación de una base de datos sobre la existencia y el estado de mantenimiento de la señalización y la infraestructura de seguridad existentes en las zonas donde interactúa la red ferroviaria con otras vías de circulación”.

También marca la necesidad de “coordinar acciones con los organismos municipales, provinciales o nacionales vinculados a la problemática, tendientes a elaborar una base de datos con información relevante del entorno de la vía, diferenciado por tramos, que permita conocer con mayor exactitud las características de la población aledaña a la vía férrea, de modo que cualquier medida a adoptar considere dichas variables”.

Otros de sus mandatos se refieren a “elaborar un mapa accidentológico en la zona donde interactúan la red ferroviaria con otras vías de circulación, a los fines de priorizar la señalización vial necesaria” y a la “difusión de conductas de seguridad a observar por conductores y peatones en las zonas donde interactúan la red ferroviaria con otras vías de circulación”.

Plan de contingencias por accidentes

Incluso determina las obligaciones de “elaborar un plan de contingencias para casos de accidentes”, “coordinar con la Dirección General de Escuelas la implementación de planes de educación en materia de seguridad ferroviaria” e “impulsar y organizar todas las actividades necesarias para lograr una masiva difusión del programa”.

Por último, a tono con los tiempos actuales en donde se ha sumado un nuevo sistema de transporte interurbano, exhorta a “instrumentar una campaña educativa para concientizar a la población mendocina con el fin de incorporar en sus hábitos la implicancia del funcionamiento del Metrotranvía Urbano”, así como a “contemplar, como medida de prevención en una primera etapa, la presencia de auxiliares de seguridad y control de cruces viales”.

Señala, a su vez, que la Secretaría de Transporte de la Provincia “deberá elaborar y ejecutar el plan de contingencias, mapa accidentológico y demás acciones establecidas, en el plazo de un año, contado a partir de la fecha de publicación de la presente ley”. Simultáneamente indica que, “semestralmente, la Secretaría de Transporte deberá informar a las comisiones de Obras Públicas de la Legislatura respecto del cumplimiento de los objetivos y acciones establecidas”.

Finalmente, autoriza “al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones necesarias del presupuesto de la Secretaría de Transporte para la implementación del presente Programa de Seguridad Ferroviaria y Tranviaria”.

Mendoza, jueves 22 de junio 2017

La “Emergencia tarifaria” será el tema central de una charla que brindarán mañana el senador provincial Gustavo Arenas (FPV-PJ), el jefe de la filial Cuyo del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), Adrián Matas; el presidente de la Regional Mendoza de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Enrique Tarditi, y el economista Francisco Novelo.

Con entrada libre y gratuita, las disertaciones comenzarán a las 19 en el primer piso de San Juan 1436 de Ciudad, con la organización del IMFC, el Instituto de Políticas Públicas Bicentenario, y la Regional Mendoza de la Apyme.

La Apyme es una entidad de primer grado que nuclea a micro, pequeños y medianos empresarios, tanto industriales, comerciantes, prestadores de servicios y cuentapropistas como de cualquier otra rama o actividad.

Desde 1987 desarrolla intensas acciones gremiales en defensa del sector, el fomento de la producción nacional, el mercado interno y todo lo relacionado con el comercio exterior, haciendo hincapié en la soberanía económica argentina.

Por su parte, IMFC es una cooperativa limitada que desde 1958 representa gremialmente a sus pares asociadas, para lo cual les brinda asistencia técnica y asesoramiento con el objetivo contribuir al desarrollo de la economía solidaria en su conjunto, en vista de la construcción de un país con más democracia y justicia social.

Simultáneamente, el Instituto Bicentenario fomenta los valores de la cultura democrática, promoviendo la participación ciudadana en la construcción de la comunidad organizada; fortalece el acercamiento, la creación de vínculos y un espacio de diálogo entre sociedad civil y la dirigencia política, e impulsa la formación política de los ciudadanos.

También interviene en la formulación de proyectos de políticas públicas orientados a la promoción del bien común, evalúa el desempeño de las instituciones públicas y privadas, y trabaja activamente en coordinación con movimientos sociales y políticos, y asociaciones civiles, vecinales e intelectuales, para construir una sociedad más justa, plural, libre, participativa e inclusiva.

Mendoza, miércoles 21 de junio 2017

El delegado local del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI), Carlos Valcarcel, acudió finalmente a la Legislatura, donde hoy se reunió con la Comisión de Salud del Senado para explicar las razones de la crisis que padecen actualmente más de 25.000 jubilados locales debido a la intempestiva suspensión de los contratos de prestaciones de servicios ordenada por esa obra social en relación con el hospital Santa Isabel de Hungría, la Sociedad Española de Socorros Mutuos y el Hospital de Ojos Caimari.

En la citación, aprobada unánimemente a expensas de una propuesta presentada por el senador provincial Gustavo Arenas (FPV-PJ) y realizada desde las 10 en el anexo de la Cámara Alta ubicado en Gutiérrez 51 de Ciudad, también participaron los referentes de las agrupaciones que nuclean a todos los trabajadores retirados de la provincia: la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, y las federaciones de Centros de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad de la Zona Este, de Jubilados Mendocinos (Fejumén), Provincial de Jubilados y Pensionados Nacionales y Provinciales de Mendoza, y de Jubilados del Sur Mendocino.

Al respecto, el legislador justicialista que propuso ese encuentro reafirmó que lo expresado en la ocasión por Valcarcel “confirmó que la medida aplicada por el PAMI es similar a lo que pasó con las pensiones de discapacidad” y que, a pesar de la gravedad que reviste esta crisis generada intempestivamente, el oficialismo no ha planteado ninguna solución para que se restablezcan tanto las atenciones a los jubilados como los seguimientos de sus tratamientos y las cirugías programadas que fueron suspendidas. Con este panorama, y a la luz de lo expresado por las agrupaciones de jubilados, avizoró que se están dando las condiciones como para que de desate un conflicto social.

“La entrega de medicamentos es un derecho”

También se refirió al inconveniente suscitado con los medicamentos, al asegurar: “Las autoridades dieron de baja la cobertura del 100% por una metodología similar a tema de las pensiones y la gente perjudicada ahora tiene que ver si le corresponde reempadronarse. Hay 50.000 mendocinos que no se han reempadronado y el PAMI supone que eso es porque estaban en forma irregular. Nosotros creemos que no es así”.

Graficó en este sentido: “Nos hemos encontrado con muchos jubilados, por ejemplo, del interior de la provincia, de zonas rurales, que no tienen la disponibilidad de hacer los trámites para reempadronarse de nuevo. Por eso creemos que es una medida muy restrictiva que un jubilado, por ser propietario o tener un vehículo a su nombre, pierda la cobertura del 100% de la entrega de medicamentos cuando eso es un derecho”.

“Específicamente –continuó señalando el senador Gustavo Arenas–, acerca de los 25.000 jubilados mendocinos que se quedaron sin cobertura en las clínicas, le preguntamos a Valcarcel cómo iban a resolver eso. Y vimos que, más allá de que ahora nos enteramos de que hay una medida judicial de no innovar, no tienen resuelto el tema. No hay nuevas clínicas. Lo que van a hacer es reasignarlos a las clínicas que ya están. Por ejemplo, la clínica Santa Clara tiene 27.000 jubilados asignados y está previsto asignarle 14.000 más. Así, lejos de resolverse, el tema se va a agravar. Lo mismo pasa con otras clínicas y, por lo tanto, no es una situación que signifique una solución concreta en el corto plazo”.

Aseveró luego: “En particular, yo había propuesto esta reunión con los representantes de las clínicas y la ministra de Salud, Claudia Najul, además del titular del PAMI, porque la intención era convocar a una mesa de trabajo para resolver el tema acá mismo. Pero, como el oficialismo no accedió a que vinieran la ministra y las clínicas, solamente nos quedamos con la palabra del titular del PAMI”.

Frente a esta situación, el legislador justicialista recalcó: “Para una próxima reunión voy a convocar a las clínicas, porque vemos que acá hay una situación de lucro de parte de las clínicas, que son empresas privadas, a pesar de que existe un interés general que es la salud pública y en esto no nos podemos desentender, más allá de que el PAMI sea de jurisdicción nacional”.

“Ajuste muy fuerte que recae en los más vulnerables”

También reclamó acerca otro problema suscitado e indicó: “Otro tema les incumbe a los médicos, que no son empresarios, sino que prestan sus servicios como profesión. Nosotros vemos ahí un gran ajuste en los planteos que está haciendo el PAMI en los convenios, por lo cual aquellas clínicas que no han accedido a los contratos es porque les están ofreciendo mucho menos de lo que recibían antes. Por ejemplo, un médico especialista cobraba 65 pesos y ahora va a cobrar 24 pesos por paciente atendido”.

“La problemática que se está viviendo con el PAMI –reflexionó– es que está haciendo un ajuste muy fuerte. Se trata de medidas nacionales que recaen por el lado de los sectores más vulnerables, tanto el caso de las personas con discapacidad como del lado de los jubilados con las prestaciones de salud”.

A continuación graficó la alarmante problemática al poner el ejemplo concreto que padecen los afiliados de Lavalle, departamento en el cual “todos los jubilados estaban asignados a la Sociedad Española de Socorros Mutuos y, al caerse esta prestación, ahora van al hospital público Domingo Sícoli, donde en muchos casos no los atienden por tener obra social. Mientras, en otros casos es la única alternativa que tienen, como pasa en Malargüe”.

En este sentido, el senador Gustavo Arenas remarcó que la solución incluso debe abordarse desde dos aristas, ya que “acá hay un tema que por un lado le corresponde al sector público, por eso es importante que esté la ministra de Salud, y por el otro les atañe las clínicas privadas”. Esto, reseñó, porque “Valcarcel hizo una denuncia al indicar que la Sociedad Española de Socorros Mutuos no prestaba buenos servicios y que su edificio no estaba en condiciones”.

Y prosiguió argumentando: “Todas las clínicas privadas y los hospitales públicos de Mendoza están bajo la jurisdicción y la fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia; por eso, el viernes pasado presenté un pedido de informe para ver qué auditoría y qué controles está haciendo ese ministerio sobre las clínicas, y en especial a aquellos que son prestadores del PAMI, para ver qué tipo de servicios están dando y si están en condiciones de brindarlos”.

“No vemos soluciones por parte del PAMI”

“Nosotros esperábamos que las propuestas de solución surgieran por parte del PAMI, pero no vemos soluciones –se lamentó el legislador justicialista–. En la actualidad solo existe la medida de la Justicia de no innovar y, si no hay ningún avance o solución, el 30 (fecha de vencimiento de esa medida) se va a generar un conflicto social en Mendoza”.

Acerca de las propuestas hechas por él al titular del PAMI, frente a la inacción del Gobierno provincial después de las perjudiciales medidas adoptadas, detalló: “Le propuse que trabajaran en coordinación con el Ministerio de Salud y la Universidad Nacional de Cuyo, pero esto tiene que ver más con una cuestión de largo plazo, para ver si el ex-Hospital Ferroviario (actual Hospital Universitario) puede ser una alternativa en el futuro para la atención de los jubilados”.

Además le sugirió a Valcarcel que en forma urgente “vaya viendo otras alternativas a las presentadas, porque reasignar jubilados a clínicas que ya están saturadas y que tienen demoras en dar turnos, en concretar internaciones y en practicar cirugías va a generar un conflicto mayor que el que existe ahora”.

Mendoza, lunes 19 de junio 2017

Finalmente, el delegado local del PAMI, Carlos Valcarcel, deberá concurrir el lunes a la Legislatura para brindar detalles de la crisis que están atravesando más de 25.000 jubilados mendocinos asociados al PAMI debido a la intempestiva suspensión de las prestaciones de servicios ordenada por él en tres centros sanitarios. En esa ocasión también estarán los representantes de las cinco federaciones de jubilados y pensionados que nuclean a trabajadores retirados de toda la provincia que otra vez han visto vulnerados sus derechos legales y cómo peligra su salud ante la falta de atención.

El senador peronista habló en Radio Jornada sobre su pedido de explicaciones para la ministra de Salud, Claudia Najul, y del titular del PAMI, Carlos Valcarcel, por el cese de servicios en clínicas de la provincia para los jubilados.

Desde junio, dos clínicas de Mendoza se quedaron sin brindar servicios para los jubilados por no firmar contratos con el PAMI. Se trata de la Clínica Santa Isabel de Hungría y la Sociedad Española de Socorros Mutuos, en los que se atendían alrededor de 25 mil jubilados.

Ante esta situación, el senador justicialista Gustavo Arenas, comentó en el programa Pulso Urbano de Radio Jornada 91.9 que “hoy vamos a tratar el proyecto para citar a Carlos Valcarcel, a la ministra Claudia Najul y a las clínicas que están involucradas en la caída de las prestaciones de servicios”

Sobre la situación de los sanatorios, dijo: “Lo que sabemos nosotros es que la clínica Santa Isabel dejó caer unilateralmente el convenio y queremos acceder a ese convenio porque creemos que hubo un ajuste muy fuerte. En cuanto a la Sociedad Española, yo tomo como una denuncia lo que dijo Valcarcel sobre las malas condiciones y por eso hemos citado a la ministra de Salud, porque la cartera debería haber hecho auditorías anteriormente sobre esto”.

El senador agregó que “nos preocupa que se den las explicaciones y se resuelva. Hay 25 mil jubilados que se quedaron de golpe sin servicios”

Además sostuvo que el problema es mayor para los jubilados de Lavalle porque “estaban todos asignados a la Sociedad Española y se quedaron sin atención. Están acudiendo a los hospitales públicos después de haber pagado sus aportes toda una vida por una obra social”

Arenas también criticó que “se ha dado de baja al servicio de ópticas y con los medicamentos pusieron como excusa que algunos jubilados fueron encontrados con yates y grandes propiedades. Por toda esta situación creemos que hay que dar explicaciones. El gobierno de Mendoza se ha desentendido diciendo que esto es un tema nacional, pero los jubilados son de aquí y al titular del PAMI lo puso el gobernador”.

“Por todo esto queremos generar una instancia para resolver en el corto plazo esta situación porque va a generar un conflicto social”, sentenció el legislador.

Se harán presentes junto a la CGT en la Cámara de Senadores para que se trate un proyecto de resolución presentado por Gustavo Arenas, en el que se piden respuestas del titular de la obra social, y de la Ministra de Salud respecto a los últimos recortes efectuados.

a obra social de los jubilados, PAMI, decidió dejar de ofrecer como alternativa de centro asistencial a tres clínicas del Gran Mendoza, lo que obliga a unos 25.000 abuelos a hacerse atender en otros efectores de salud y, a la vez, hacer colapsar los hospitales públicos en ciertos distritos. Estas clínicas son Santa Isabel de Hungría, la Sociedad Española de Socorros Mutuos y la clínica oftalmológica Caimari.

En este marco, el legislador justicialista presentó un proyecto que no fue tratado en el Senado por decisión de los legisladores oficialistas, para que el titular del PAMI en Mendoza, Carlos Valcarcel, y la ministra de Salud den explicaciones en la Legislatura.

El senador volverá a insistir hoy para que en la sesión ordinaria de la Cámara Baja sea tratado sobre tablas su proyecto de resolución para que citen en ese ámbito además a los directivos del hospital Santa Isabel de Hungría, la Sociedad Española de Socorros Mutuos y la clínica oftalmológica Caimari, entidades involucradas en la baja de prestaciones de servicios.

En esta ocasión, el pedido para que la iniciativa no sea ignorada nuevamente por el bloque del frente oficialista Cambia Mendoza será apoyado con las presencias en el recinto legislativo de diferentes centros de jubilados de la provincia y autoridades de la Confederación General del Trabajo (CGT).

“Esperamos que el médico personal del gobernador Cornejo (por Valcarcel) dé las explicaciones del caso y que el bloque de Cambiemos avale el pedido”, afirmó Arenas.

En el caso de la Sociedad Española, el PAMI aduce que tuvo la valentía de cortarle el servicio porque era ineficiente, y la situación edilicia peligrosa. En este sentido Arenas remarcó en diálogo con , que en este caso “esto es una denuncia y las clínicas de Mendoza están bajo el ministerio de Salud provincial, entonces si eso es así la clínica no puede seguir funcionando. Por eso citamos a la Ministra de Salud.
Por otra parte, también quitaron la posibilidad a los jubilados de obtener prestación en el Hospital de Ojos Caimarí. El dueño de la clínica, Diego García es padre de María Laura García quien denunció por violencia de género a Rubén Giacchi, ex ministro de Salud de Mendoza. Para García, el corte tiene que ver directamente con esta denuncia.

Por último, Arenas afirmó que “los jubilados también son mendocinos. El gobernador intenta desentenderse afirmando que este es un tema nacional, sin embargo debe intervenir porque es un tema de salud público”. Además, agregó que esta situación “es parte de una decisión mayor que tiene que ver con el ajuste profundo en el sector de salud. La primer medida tomada es el recorte de la cobertura del 100% de medicamentos”.